La Directiva europea de transparencia salarial, de obligado cumplimiento a partir del 7 de junio, no abre la puerta a conocer los sueldos individuales de compañeros, jefes o nuevos fichajes, pero sí introduce cambios profundos en las políticas retributivas de las empresas. A partir de su entrada en vigor, desaparecen las cláusulas de confidencialidad salarial y los trabajadores ganan acceso a información clave sobre su posición salarial y las medias retributivas de su categoría profesional, desglosadas por género.

Los empleados podrán solicitar por escrito datos sobre su nivel retributivo, los criterios utilizados para fijar salarios, bandas salariales y progresión profesional. Además, las empresas ya no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobraban en empleos anteriores, con el objetivo de evitar que una situación de infrapago se arrastre a lo largo de la carrera profesional.

La normativa se aplicará de forma progresiva según el tamaño de la empresa: las organizaciones de más de 250 empleados deberán reportar información salarial en 2027, mientras que las más pequeñas tendrán plazos más amplios. Aunque no se publicarán salarios individuales ni listados con nombres y apellidos, protegidos por la legislación de datos personales, sí será obligatorio explicar y corregir brechas salariales superiores al 5% en puestos de igual valor cuando no estén justificadas por criterios objetivos.

La Directiva también refuerza la protección frente a represalias, amplía el alcance de la lucha contra la discriminación más allá del género y fortalece el papel de los sindicatos en la supervisión de las políticas salariales. Sin embargo, los datos muestran que, aunque muchas empresas se declaran preparadas, pocas han incrementado realmente sus presupuestos o sistemas para afrontar este cambio, que exige mayor orden, objetividad y transparencia en la gestión de la retribución.

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