A punto de entrar en vigor, pocas compañías están preparadas, solo el 5% ya lo hace y apenas un 38% ha formado a sus jefes para gestionar los conflictos internos que pueda generar.

La transparencia salarial, obligatoria desde junio de 2026 por la Directiva UE 2023/970, preocupa a las empresas españolas, que temen no estar preparadas para la avalancha de dudas y comparaciones internas sobre sueldos. El reto principal será gestionar la comunicación sobre rangos, progresión y diferencias salariales, que ya generan tensión en procesos de selección, revisiones y promociones.